El Derecho y la Justicia bajo un Régimen Dictatorial:
La Parcialidad de los Actores que participan en la Investigación Penal contra Edmundo González Urrutia

Por: Dante Alighieri (pseud.)

 

 

Desde nuestro puente dijo: ́ ́Ey, Malebranche, acá hay uno de los magistrados de Santa Zita…Ustedes sumérjanlo, que yo vuelvo de nuevo a aquella tierra, que está bien provista de ellos: allá todo hombre es corrupto, salvo Bonturo; por dinero, ahí se hace de un no un ita ́ ́’" (Infierno, Canto XXI, versos 37-42)

15 Septiembre 2024

 

La administración de justicia en Venezuela, al igual que los círculos infernales de La Divina Comedia, ha descendido a niveles profundos de corrupción y parcialidad, generando un panorama oscuro y desesperanzador. El caso de Edmundo González Urrutia, cuyo procedimiento penal ha suscitado un torrente de críticas, refleja esta travesía por un inframundo legal, en el que la imparcialidad y la justicia parecen haber sido condenadas al olvido. Al igual que Dante se encuentra con almas perdidas atrapadas en su destino, el sistema judicial venezolano se ha visto atrapado en la red de intereses políticos que distorsionan sus principios fundamentales. Este artículo examina los elementos que subyacen a estas preocupaciones y explora cómo la falta de independencia en las instituciones judiciales y fiscales contribuye a la erosión de los derechos y garantías fundamentales en el país.

 

Sobre la independencia del Sistema Judicial en Venezuela

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en la sede de la corte en Caracas que, tras realizar “el peritaje” del proceso electoral solicitado por el presidente Nicolás Maduro, la Sala había decidido “convalidar” su triunfo.

En su sentencia, el TSJ indicó que la Sala "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado" y "convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, en los cuales resultó electo Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República".

Esta decisión reavivó las denuncias de la falta de independencia del TSJ por parte de la sociedad venezolana, que continúa acusando al TSJ de plegarse a los designios de Maduro para permitir un golpe de Estado. La decisión también provocó una nueva ola de críticas de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y múltiples gobiernos democráticos.

Existen muchas críticas al procedimiento de designación mediante el cual se eligieron los actuales magistrados del TSJ, aumentando las dudas sobre su imparcialidad. Todos sus integrantes han sido nombrados por las Asambleas Nacionales (parlamentos) dominadas por el partido de gobierno. Entre los magistrados seleccionados hay algunos que han militado en el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e incluso han ocupado cargos de elección popular y/o de designación en otros poderes públicos. Entre ellos se destacan:

• Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional y vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez.
• Caryslia Rodríguez, La presidenta actual del TSJ y presidenta de la Sala Electoral, quien fue electa concejal en 2018 por el PSUV y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.
• Edgar Gavidia Rodríguez, quien ha sido Magistrado desde el 2014 (teniendo ya más de 10 años en el cargo), militó en el Movimiento V República (MVR) -partido político de Hugo Chávez, que luego se convertiría en el PSUV- fue elegido vicepresidente del Cabildo Metropolitano por parte del MVR antes de convertirse en Magistrado y es hermano del exmarido de la primera dama Cilia Flores.
• Tania D'Amelio Cardiet, Segunda vicepresidenta del TSJ y presidenta de la Sala Constitucional, quien fue rectora del CNE, presidenta de la Junta Nacional electoral y diputada del PSUV por diez años.

La Constitución venezolana exige que, “para garantizar su independencia e imparcialidad”, los jueces no podrán llevar a cabo activismo político, pero esto solo aplica a partir de la fecha de su nombramiento y hasta su cese. Caryslia Rodríguez fue nombrada magistrada del TSJ en 2022. Esta es una de las razones por las que el mecanismo previsto para la elección de magistrados en Venezuela ha sido tan cuestionado. Idealmente, debería prohibirse la designación de magistrados a aquellos que hayan ejercido cargos en otro organismo de la administración pública y que no provengan exclusivamente de la carrera judicial.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU señaló que la Asamblea Nacional oficialista modificó en 2022 la composición del Comité de Postulaciones Judiciales para asegurar el control gubernamental del TSJ y eligió a los 20 magistrados que actualmente lo componen.

Según la presidenta de la misión de la ONU, Marta Valiñas, el gobierno ejerce además “una injerencia indebida” sobre las decisiones del TSJ “a través de mensajes directos y declaraciones públicas” de Nicolás Maduro Moros y otras figuras importantes del régimen, como Diosdado Cabello, el actual vicepresidente del partido oficialista.

La Misión Independiente de Verificación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad del TSJ y del CNE”. Adicionalmente, la Misión Independiente añade que el TSJ tiene “un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”.

Por su parte, Jennie K. Lincoln, jefa de la misión de observación electoral del Centro Carter en Venezuela, cuestionó que el TSJ se involucrara en el proceso electoral, ya que “no es una evaluación independiente”. En una entrevista con la agencia AP, señaló que, en lugar de acudir al TSJ, el debido proceso requería que Nicolás Maduro Moros exigiera primero al CNE que publicara los datos de la elección mesa por mesa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en enero de este año, afirmó que los fallos del TSJ que impidieron la participación en las elecciones de destacadas figuras de la oposición confirman que “el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad”.

El gobierno de Venezuela sostiene, en cambio, que las críticas a las instituciones son parte de una campaña internacional contra la Revolución Bolivariana y ha defendido la presunta independencia del poder judicial. Freddy Ñáñez, Ministro de Comunicación, explicó en una entrevista con la televisora estatal que la sentencia del TSJ sobre el recurso electoral de Maduro representa “un acto de altísima institucionalidad que ratifica el carácter republicano de nuestros procesos y nuestras instituciones”, y que “nuestra democracia sale fortalecida”.

Es importante mencionar que Ñáñez no es abogado y su carrera profesional y política se ha enfocado en las artes, la cultura y los medios de comunicación. Además, su permanencia en el cargo de ministro depende de que el régimen permanezca en el poder, ya que se trata de un cargo de libre designación y remoción por parte del presidente de la República. Por lo tanto, su opinión en esta materia no solo es inexperta sino también parcializada.

 

Sobre la Independencia de la Fiscalía General de la República

 

¿Quién es Tarek William Saab el actual Fiscal General de República?

Graduado en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas y con un posgrado en Derecho Penal, Tarek William Saab comenzó su ascenso público tras conocer a Hugo Chávez en los años 1990, contribuyendo al indulto de Chávez por parte del expresidente Rafael Caldera en 1994. Llamado por Chávez "el poeta de la revolución", Saab ha publicado numerosos poemas desde los 15 años. Ocupó cargos como diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, donde presidió comisiones parlamentarias, y fue Gobernador del Estado Anzoátegui durante los períodos 2004-2012. Durante su mandato en la gobernación, enfrentó acusaciones de corrupción y, posteriormente, fue elegido Defensor del Pueblo para el período 2014-2021. Sin embargo, dejó el cargo en 2017 para reemplazar a Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República anterior, quien fue despedida por intentar mantener la independencia del Poder Ciudadano tras la crisis política de 2017. Actualmente, Ortega Díaz se encuentra exiliada y es considerada Fiscal General de la República en el exilio, pues su despido en 2017 es considerado por muchos como un acto inconstitucional.

La carrera política de Tarek William Saab no ha estado exenta de controversias. Fue electo gobernador del estado de Anzoátegui en dos períodos consecutivos (2004-2012) y en 2014 fue designado Defensor del Pueblo. Posteriormente, fue nombrado Fiscal General por la Asamblea Constituyente en un acto polémico, dado el contexto político del país. Esta misma Asamblea, controlada en su totalidad por el oficialismo, destituyó a Luisa Ortega Díaz, una fiscal crítica del Gobierno. En 1993, Tarek William Saab fue nombrado jefe de la oficina de derechos humanos del Concejo Municipal de Caracas. Conoció en el Cuartel San Carlos al teniente coronel Hugo Chávez, quien había participado en el golpe de Estado de 1992, y defendió a Chávez junto con un grupo de juristas, logrando interceder ante el presidente Caldera para conseguir su indulto en 1994.

Sanciones personales internacionales impuestas por los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y los países que conforman la Unión Europea han sido aplicadas contra Tarek William Saab por socavar la democracia en Venezuela.

Como Fiscal General, Tarek William Saab ha liderado una campaña de represión contra opositores al régimen, emitiendo acusaciones, difamaciones y órdenes de arresto contra figuras prominentes de partidos de oposición bajo alegaciones improvisadas de conspiración, terrorismo y traición. A pesar de estas acusaciones de autoritarismo y persecución política, Tarek William Saab procura mantener una imagen pública de defensor de los derechos humanos. Entre sus objetivos se encuentran periodistas, activistas, políticos, menores de edad y miembros del movimiento Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, quienes son acusados de conspiración para derrocar al régimen.

Actualmente, Tarek William Saab es copartícipe de la campaña de represión, persecución y terrorismo estatal denominada Operación TunTun, que es una maquinaria de violación de derechos humanos dirigida contra los ciudadanos que protestan contra los abusos del régimen y la desinformación. Las víctimas de esta operación son amedrentadas por cuerpos uniformados que, en lugar de proteger la seguridad e integridad de los ciudadanos, velar por sus garantías procesales y mantener el orden público, se prestan para cometer graves daños físicos y psicológicos, usando sus armas en contra de ellos, solo porque el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, así lo ordena o porque la Fiscalía ha emitido una orden de detención que algunos funcionarios consideran una carta blanca para la comisión de abusos y crímenes de lesa humanidad.

 

Sobre la independencia de los actores directos:

 

¿Quién es el juez que ordenó la aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia?

La orden fue emitida por el juez Edward Briceño apenas horas después de haber recibido una solicitud por parte de la Fiscalía General de la República.

El juez Edward Miguel Briceño Cisneros, con cédula de identidad V-17514632, ocupa el cargo de Juez Especial de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con los Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción Nacional y Competencia para Conocer y Decidir en Delitos Asociados a Corrupción y Delincuencia. Según su perfil en LinkedIn, Briceño es abogado egresado de la Universidad Santa María en 2008 y especialista en Derecho Penal de la misma universidad en 2011. Trabajó posteriormente en la Defensoría Pública hasta su despido el 25 de abril de 2023. Según la plataforma Noticias Venezuela, hasta la fecha no existe registro en la Gaceta Oficial que acredite su nombramiento como juez en ninguna instancia judicial.

 

¿Quién es el Fiscal que solicitó ante el tribunal la aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia?

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Luis Ernesto Dueñez Reyes, es el Fiscal Auxiliar 36 Nacional Plena encargado de la Fiscalía 58 de la Nacional Plena. Fue designado como Fiscal Auxiliar de la Dirección de Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, según consta en la Gaceta Oficial N.º 41.346 del 22 de febrero de 2018. Es quien acusa a Edmundo González Urrutia de supuesta usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación. Hasta la fecha, no he encontrado otra referencia al ciudadano en la Gaceta Oficial. Cabe resaltar que las páginas gubernamentales se encuentran inactivas, lo que dificulta la verificación de nombramientos recientes. Sin embargo, no parece estar adscrito a la jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas ni ser un fiscal especialista en los delitos por los cuales fue imputado Edmundo González Urrutia. Siendo un caso tan significativo como una investigación penal contra un candidato presidencial uno se imaginaría que el Ministerio  Público designaría a uno de sus mejores y más reconocidos fiscales, no un Fiscal Auxiliar del interior del país del que tan poca información se tiene.

 

Reacciones de la Comunidad Internacional a la Citación y posterior Orden de Detención

Al menos ocho países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron la orden de detención contra González.

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que la decisión judicial “constituye persecución política”. En la nota se afirma: “Condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas que garanticen la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado en el que rechazó “enérgicamente” la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Venezuela y reiteró su “condena a cualquier forma de represión contra los opositores de Maduro”.

Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, criticó al gobierno de Maduro por ordenar el arresto del aspirante opositor. “Nos sumamos a la creciente lista de socios internacionales que condenan esta orden de arresto injustificada”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó que rechazaba “categóricamente” la orden de aprehensión contra González. “Exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos”, dijo en su cuenta de X.

El excanciller brasileño Celso Amorim, asesor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comentó que la orden de arresto contra González “hace todo más difícil”, refiriéndose a los esfuerzos de los gobiernos de Brasil y Colombia para facilitar una negociación política entre Maduro y la oposición. Amorim declaró al diario brasileño O Globo que el anuncio de la orden de detención contra González “causó preocupación en el gobierno brasileño”.

 

Conclusión:

La redención solo es posible al escapar de las sombras del infierno, la justicia en Venezuela parece necesitar una liberación urgente del control político para escapar de su propio círculo de corrupción y parcialidad. La evidente falta de independencia en el sistema judicial y fiscal, simbolizada en el caso de Edmundo González Urrutia, refleja cómo las instituciones han caído en las profundidades del abuso de poder, como almas perdidas sin posibilidad de ascenso. Es fundamental encontrar un "paraíso" de justicia donde la equidad y los derechos fundamentales sean restaurados. La comunidad internacional debe continuar abogando por esta redención institucional, para que Venezuela pueda finalmente emerger del oscuro abismo en el que se encuentra atrapada.

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